Holocausto invisible II

WikiLeaks

publica

'diario'de la

guerra de Afganistán

Publicado el 29 de Julio, 2010

El sitio web wikileaks.org lo hizo de nuevo. Publicó miles de documentos clasificados sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán. WikiLeaks brinda una plataforma segura a los informantes para que entreguen documentos, videos y otros materiales electrónicos, manteniendo su anonimato.

En marzo pasado, el sitio publicó un video filmado desde un helicóptero de combate estadounidense que sobrevolaba Bagdad, y expuso la matanza indiscriminada del ejército de al menos 12 personas, dos de las cuales eran empleados de la agencia de noticia Reuters.

Esta semana, WikiLeaks, junto con tres socios de los medios hegemónicos – el New York Times, The Guardian de Londres y Der Spiegel de Alemania – publicó 91.000 informes clasificados de las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán. Los informes, en su mayoría redactados por soldados en el campo de batalla inmediatamente después de acciones militares, representan un verdadero diario de guerra de 2004 a 2009, en el que se detallan desde la matanza de civiles, entre ellos niños, a la creciente fuerza de la insurgencia Talibán y el apoyo de Pakistán al ejército Talibán.

Luego de que los documentos fueron publicados, Julian Assange, fundador y Editor Jefe de WikiLeaks, me dijo: “La mayoría de las muertes de civiles suceden en situaciones en las que una, dos, 10 o 20 personas son asesinadas; realmente dominan númericamente la lista de acontecimientos. ...La forma de realmente entender esta guerra es viendo que hay una muerte tras otra, todos los días, y no se detiene”.

Julian Assange me describió una masacre, que denominó “el My Lai polaco”. El 16 de agosto de 2007, soldados polacos regresaron a un pueblo donde esa mañana habían sufrido un ataque con bomba al borde de la carretera. Los polacos lanzaron morteros hacia el pueblo, que explotaron en una casa donde se celebraba una boda. Assange sospecha que los polacos, en venganza por el ataque con bomba, cometieron un crimen de guerra, que quedó oculto en el lenguaje burocrático del informe:

“Actual lista de bajas: 6x KIA (1 hombre, 4 mujeres, un bebé) 3x WIA (todas mujeres, una tenía 9 meses de embarazo).”

La sigla en inglés “KIA” significa “muerto en acción”, y las decenas de miles de informes clasificados tienen una gran cantidad de KIAs. Assange dice que hay 2.000 muertes civiles detalladas en los informes. Otros registros describen a la “Fuerza de Tarea Conjunta 373”, una unidad de asesinatos del Ejército de Estados Unidos que supuestamente captura o mata personas que se considera son miembros del Talibán o Al-Qaeda.

El gobierno de Obama está tratando de protegerse, y su respuesta ha sido confusa. El General James Jones, asesor de Seguridad Nacional, condenó la publicación de la información clasificada, diciendo que “podría poner en riesgo la vida de estadounidenses y de nuestros socios, y amenazar nuestra seguridad nacional”. Al mismo tiempo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs dijo “no hay nada especialmente revelador en estos documentos”.

Pero esta filtración histórica de información no representa una amenaza para las vidas de los soldados estadounidenses que están en la guerra, sino para la política que pone esas vidas en riesgo. Con la disminución del apoyo público que ya tiene la operación militar en Afganistán, la filtración de estos informes solo fortalecerá el pedido de poner fin a la guerra.

“He esperado esto durante mucho tiempo”, escribió en tweetter Daniel Ellsberg, el informante más famoso de Estados Unidos.

Ellsberg es el ex analista militar que filtró los Documentos del Pentágono en 1971, miles de páginas de un estudio altamente confidencial del gobierno que revela la historia secreta de la Guerra de Vietnam. Muchos consideran que la acción de Ellsberg contribuyó al fin de la Guerra de Vietnam. Daniel Ellsberg me dijo esta semana: “Estoy muy impresionado por la publicación [de WikiLeaks]. Es la primera vez en 39 años, desde que entregué los Documentos del Pentágono al Senado, que se hacen públicos archivos de ese nivel. ¿Cuántas veces en todos estos años se deberían haber publicado miles de páginas que demostraran cómo nos mintieron para entrar en guerra con Irak, al igual que pasó en Vietnam, y que mostraran la realidad de la guerra en Afganistán?”

Los abogados de Assange le aconsejaron al fundador de WikiLeaks que no viajara a Estados Unidos.

Recientemente, agentes de seguridad nacional fueron a una conferencia de hackers en Nueva York, en la que Assange tenía programado hablar. Assange canceló su participación y dijo que el gobierno de Obama también intentó que el gobierno de Australia lo arrestara. Assange habló conmigo desde Londres, luego de la publicación de los documentos. Me dijo: “No somos pacifistas. Somos activistas a favor de la transparencia. Entendemos que de un gobierno transparente surge un gobierno justo. Este es el modus operandi que rige todo el trabajo de nuestra organización: hacer pública la información oculta, de manera tal de que la prensa y la población y nuestros políticos puedan trabajar a partir de esa información para lograr mejores resultados”.

El Pentágono dice que comenzó una investigación penal para averiguar quién filtró los documentos a WikiLeaks. Pero eso no es lo que el Pentágono debería investigar. Nuevamente, Julian Assange dijo: “¿Por qué será que se anuncia una investigación de la fuente, antes de anunciar una investigación de la conducta potencialmente criminal que se revela en este material?”

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Holocausto invisible:

Los criminales

de las sanciones

iraquíes buscan

repetirse en Irán.

En la última década del siglo XX, una nación a menudo aclamada (sobre todo por sí misma) como la “mayor democracia del mundo” lideraba un programa de salvaje guerra económica contra un país roto e indefenso. Perpetrado con una frialdad burocrática inconmovible, el bloque mató, según estimaciones muy conservadoras, al menos a un millón de seres inocentes. Más de la mitad de esas víctimas eran niños muy pequeños.

Niños muertos. Miles de niños muertos. Decenas de miles de niños muertes. Cientos de miles de niños muertos. Montañas de niños muertos. Inmensos y terribles albañales de niños muertos. Eso es lo que la mayor democracia del mundo creó, deliberadamente, fríamente, como objetivo de política nacional cuidadosamente meditado.

El bloqueo se impuso por una sola razón: forzar la salida del recalcitrante dirigente del destrozado país, que en otro tiempo había sido aliado y cliente de la “mayor democracia del mundo” pero que ya no contaba con los suficientes parabienes para que le permitieran seguir gobernando su estratégicamente situada tierra y sus inmensos recursos energéticos. Los líderes de las dos facciones en dominio del poder en la “mayor democracia del mundo” acordaron que el asesinato deliberado de gente inocente –más gente de la que se asesinó en el comparable genocidio en Ruanda- era un precio aceptable a pagar por ese objetivo geopolítico. Para ellos, el juego –el aumento de sus ya tremendos y sin parangón riqueza y poder- merecía la pena, es decir: los espasmos de la muerte de un niño en la agonía final de la gastroenteritis o el cólera o cualquier otra enfermedad fácilmente evitable.

Es, sin comparación, una de las más notables –y horrendas- historias de la última mitad del siglo XX, superada sólo durante ese período por el Gran Salto Adelante de China y los millones de seres asesinados en los conflictos en Indochina, en los que la “mayor democracia del mundo” jugó tan decisivo papel. Pero sigue habiendo una “guerra invisible”, como Joy Gordon la denomina en el título de su nuevo libro sobre Estados Unidos y las sanciones contra Iraq. No sólo es que los autores de ese paseo genocida que supera al de Ruanda siguen hoy aún entre nosotros, a salvo, sin alterarse, con honor, confort y privilegios. Es que algunos de ellos aún mantienen puestos de poder en el gobierno actual. Si su guerra salvaje fue invisible, de la misma forma ese hace invisible la sangre inocente que les empapa de la cabeza a los pies.

Andrew Cockburn ha escrito una excelente reseña –muy detallada- del trabajo de Gordon en la última London Review of Books, utilizando su propia y amplia experiencia en Iraq así como las exhaustivas pruebas que el libro ofrece. Merece la pena reflejar con detalle la reseña, aunque hay mucho más en la obra original, que también deberían leer.

Cockburn escribe:

“… Los múltiples desastres infligidos a Iraq desde la invasión anglo-estadounidense de 2003 han tendido a eclipsar la letalmente eficaz “guerra invisible” emprendida contra los civiles iraquíes entre agosto de 1990 y mayo de 2003, dotada por las Naciones Unidas de plenos poderes y con la inagotable atención de los gobiernos estadounidense y británico… Incluso en aquel momento las sanciones contra Iraq suscitaron sólo algún comentario público esporádico, y aún se prestó menos atención a las maniobras burocráticas en Washington, siempre con la obediente ayuda de Londres, que aseguró las muertes de medio millón de niños, entre otras consecuencias. En su excelente libro, Joy Gordon registra esas consecuencias en sus detalles horripilantes…”

Las sanciones se impusieron originalmente a Iraq después de que Saddam –que había recibido la famosa “luz verde” de la enviada del presidente estadounidense- invadiera Kuwait. Se dijo que las sanciones iban a suponer una especie de guerra breve para obligarle a retirarse; después se convirtieron en un instrumento de guerra cuando los combates empezaron. Y más tarde se trocaron en una extensión de la guerra por otros medios. Pero en todos los casos, como Gordon y Cockburn señalan, fueron sobre todo un arma para destruir la economía y la infraestructura civil del país. Cockburn escribe:

“… Cuando sobrevino la guerra, ésta se dirigió tanto contra la economía de Iraq como contra su ejército en Kuwait. Las características fundamentales de la campaña de bombardeos se diseñaron –como su principal planificador, el Coronel John Warden de la fuerza aérea estadounidense me explicó después- para destruir los ‘pilares fundamentales’ que hacían que Iraq funcionara como una sociedad industrial moderna. La fuerza aérea había estado soñando con conseguir eso desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y Warden pensaba que la introducción de las ‘bombas inteligentes’ de precisión guiada lo permitirían ahora. Las centrales de energía eléctrica, los centros de telecomunicaciones, las refinerías de petróleo, las plantas de tratamiento de aguas residuales y otras infraestructuras clave iraquíes resultaron destruidas o gravemente dañadas. Warden, recuerdo, se sentía irritado de que esos bombardeos, añadidos a su esquema original, habían oscurecido el impacto de su ataque quirúrgico contra los pilares en que se apoyaba la sociedad moderna iraquí…

… El primer indicio de que el bloqueo proseguiría, aunque a Iraq se le hubiera desalojado de Kuwait, llegó en un brusco comentario de Bush en una conferencia de prensa el 16 de abril de 1991. No habría relaciones normales con Iraq, dijo, hasta que ‘Saddam Hussein esté fuera de allí’, i.e., ‘Proseguiremos con las sanciones económicas’. Se había recogido oficialmente que iban a levantarse las sanciones una vez que se hubiera compensado a Kuwait por los daños acarreados durante los seis meses de ocupación, y una vez que se confirmara que Iraq ya no poseía ‘armas de destrucción masiva’ ni capacidad para fabricarlas. Se creó una organización especial de inspección de la ONU, UNSCOM, encabezada por el diplomático sueco Rolf Ekeus, un veterano de las negociaciones sobre control de armamento. Pero en caso de que alguien no hubiera captado bien la declaración de Bush, su asesor adjunto de seguridad nacional, Robert Gates (ahora secretario de defensa de Obama), lo explicó detalladamente pocas semanas después: ‘Saddam se ha desacreditado y no puede redimirse. La comunidad mundial no va a aceptar nunca su liderazgo. Por tanto’, continuó Gates, ‘los iraquíes pagarán el precio mientras él siga en el poder. Se mantendrán todas las sanciones posibles hasta que se haya marchado”

Esa es la voz de hierro ensangrentada del hombre que el Progresista Premio Nóbel de la Paz ha conservado en la Casa Blanca para que dirija su maquinaria de guerra mientras calcina cuerpos humanos por todo el mundo, en Iraq, Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, Filipinas, Colombia y docenas de otros países: una maquinaria de guerra compuesta de ejércitos oficiales, milicias secretas, escuadrones de la muerte, robots y mercenarios. Volviendo a Cockburn:

“A pesar de esta explícita confirmación de que la justificación oficial de las sanciones era irrelevante, el supuesto rechazo de Saddam a entregar su mortífero arsenal se blandiría por los sancionadores siempre que el precio que los iraquíes estaban pagando atrajera la atención del mundo exterior. Y aunque Bush y Gates afirmaban que Saddam, y no sus armas, era el objeto real de las sanciones, algunos funcionarios de los cuarteles de la CIA en Langley me aseguraron en aquel tiempo que la posibilidad de que la población, desesperada por las sanciones, derrocara al dictador era ‘la menos probable de las alternativas’. El empobrecimiento de Iraq –por no mencionar la exclusión de su petróleo del mercado global y del beneficio de los precios del petróleo- no era un medio para llegar a un fin: era el fin.”

Desde luego que hoy en día estamos viendo ponerse en marcha esa misma dinámica mientras Gates y un nuevo emperador temporal trabajan en el mismo esquema, con el mismo objetivo, sobre otra recalcitrante nación que desgraciadamente posee una ubicación estratégica e inmensos recursos energéticos. Incluso se está utilizando la misma y vergonzosa justificación: la no existente amenaza de las no existentes armas de destrucción masiva. Y, ¿por qué no? Mientras sigan cayendo inocentes de esa forma, los señores de la guerra seguirán usándola. Cockburn continúa:

“Cuando visité Iraq ese primer verano de sanciones tras la guerra, me encontré con una población aturdida por el desastre que estaba reduciendo su nivel de vida al del Tercer Mundo… Los doctores, la mayoría de ellos formados en Gran Bretaña, mostraban sus vacíos dispensarios. Por todas partes la gente preguntaba cuándo se iban a levantar las sanciones, asumiendo que, como mucho, podía ser cuestión de meses (una creencia inicialmente compartida por Saddam). La noción de que seguirían en pie una década después era inimaginable.

Los doctores no deberían haberse preocupado por nada. La Resolución 661 prohibía la venta o suministro de cualquier producto a Iraq… con la excepción explícita de los “suministros estrictamente dedicados a tareas médicas y, en circunstancias humanitarias, comestibles’. Sin embargo, cada producto que Iraq intentara importar, incluyendo alimentos y medicinas, tenía que ser aprobado por el ‘Comité 661’ creado a tal propósito y dotado con diplomáticos de los quince estados miembros del Consejo de Seguridad. El comité se reunía en secreto y apenas publicaba nada sobre sus procedimientos. Gracias a la desaparición de la Unión Soviética, EEUU podía ahora dominar las Naciones Unidas y utilizarlas para proporcionar una tapadera de legitimidad a sus unilaterales acciones.

El objetivo conocido del Comité 661 era revisar y autorizar las excepciones a las sanciones, pero como Gordon explica, su función actual era negar la importación hasta de los más inocuos productos justificándose en que podían, posiblemente, utilizarse en la producción de armas de destrucción masiva. Una ingeniosa disposición permitía que cualquier miembro del comité aplazara la aprobación de cualquier producto para el que se había solicitado autorización. Así pues, aunque otros miembros, incluso una mayoría, pudiera desear que se enviaran productos a Iraq, EEUU y su siempre bien dispuesto socio británico podía, y así lo hicieron, bloquear cualquier cosa que eligieran con la más pobre de las excusas… De esa forma, en los primeros años de la década de 1990 EEUU bloqueó, entre otros productos, la sal, pipas de agua, bicicletas infantiles, materiales utilizados para hacer pañales, equipamiento para procesar la leche en polvo y tela para hacer ropa. La lista se ampliaría más tarde hasta incluir relojes, calcetines, marcos de las ventanas, azulejos y pintura.

En 1991, los representantes estadounidenses sostuvieron con toda la energía que pudieron desplegar que no se debía permitir que Iraq importara leche en polvo porque no respondía a una necesidad humanitaria. Después, los diplomáticos sostuvieron obedientemente que una petición de vacunas infantiles, considerada ‘sospechosa’ por los expertos en armas de Washington, debería asimismo rechazarse.

Durante todo el período de sanciones, EEUU frustró los intentos iraquíes de importar las bombas que se necesitaban para las plantas de tratamiento del agua del Tigris, que se había convertido en una cloaca al aire libre gracias a la destrucción de dichas plantas de tratamiento de las aguas. El cloro, vital para tratar los suministros de agua contaminada, se prohibió asimismo alegando que podía utilizarse como arma química. Las consecuencias de todo esto se hicieron visibles en las salas de pediatría de los hospitales. Cada año aumentaba la cifra de bebés que morían antes de alcanzar su primer cumpleaños, de 1 de cada 30 en 1990, a 1 de cada 8 siete años después. Los especialistas sanitarios estaban de acuerdo en que el agua contaminada era la responsable: los niños eran especialmente sensibles a la gastroenteritis y cólera causadas por el agua sucia.”

¡Qué espanto todo! Pero, ¿qué hay del programa de la ONU de “Petróleo por Alimentos” que se puso eventualmente en marcha para proporcionar un hilo de productos a Iraq a cambio de los codiciados recursos energéticos? Como Cockburn señala, aunque la “guerra invisible” de sanciones que mató a medio millón de niños es ahora un suceso que nunca ocurrió en la conciencia estadounidense, el “escándalo” del Petróleo por Alimentos –Saddam jugando con el sistema mientras su pueblo sufría- todavía es en gran medida utilizado por los apologistas de la guerra de agresión de 2003. Éste, dicen, fue el escándalo verdadero, no el de todos esos bebés muertos. Cockburn:

“Bajo las condiciones del programa, gran parte del dinero fue inmediatamente desviado [por los bloqueadores dirigidos por EEUU] para pagar lo que los críticos denominaban como exigencias `inverosímilmente altas’ por parte de Kuwait a la hora de pedir indemnizaciones por los daños de la invasión de 1990, y para pagar las inspecciones de la UNSCOM y otros costes administrativos de la ONU en Iraq. Aunque el acuerdo permitía alguna mejora en los niveles de vida, no hubo cambio fundamental alguno: el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, informó en noviembre de 1997 que, a pesar del programa, el 31% de los niños menores de cinco años sufría aún de desnutrición, que los suministros de agua potable y medicinas eran ‘en gran medida inadecuados’ y que la infraestructura sanitaria sufría un ‘deterioro excepcionalmente grave’.”

Para los iraquíes fue posible sacar alguna ventaja pecuniaria del programa Petróleo por Alimentos de las comisiones que sacaban de las compañías petroleras a quienes se favorecía con adjudicaciones, también de los comerciantes del trigo a los que compraban suministros. En 2004, mientras Iraq se desintegraba, el ‘escándalo del petróleo por alimentos’ fue aireado a bombo y platillo por la prensa estadounidense como ‘la mayor estafa de la historia’. El Congreso, que había guardado un silencio total durante los años de las sanciones, estalló ahora con denuncias sobre el fraude y los engaños del dictador caído, quien, con la supuesta complicidad de la ONU, había sido supuestamente la causa directa de tantas muertes.

Gordon pone todo esto en su contexto: “Bajo el programa Petróleo por Alimentos, el gobierno iraquí se hizo con el 10% de los contratos de importación y durante un breve tiempo recibió pagos ilícitos por las ventas del petróleo. Los dos factores combinados supusieron unos 2.000 millones de dólares… En cambio, en los catorce primeros meses de la ocupación [tras la invasión de 2003], la autoridad de la ocupación dirigida por EEUU redujo los fondos en 18.000 millones de dólares, dinero ganado de la venta de petróleo, la mayor parte del cual desapareció como el humo, sin control alguno y sin que el pueblo iraquí pudiera percibir nada del mismo. Quizá Saddam derrochó millones en palacios de mármol (en gran medida mal construidos, como sus posteriores ocupantes militares estadounidenses descubrieron) pero su codicia palidece en comparación con la de sus sucesores.

Como hemos señalado aquí a menudo anteriormente, los dirigentes británicos y estadounidenses que impusieron las asesinas sanciones sabían muy bien, durante muchos años, que Iraq no tenía en absoluto armas de destrucción masiva, ni siquiera un programa para desarrollar armas de destrucción masiva. Sabían que en el momento de la invasión de 2003, esos programas de armas de destrucción masiva (que en otro tiempo había apoyado con dinero secreto, créditos y “tecnología de doble uso” nada menos que George Herbert Walker Bush) llevaban doce años metidos en naftalina. Hablé de esto, por escrito, allá por 2003 –incluso Newsweek informaba de ello, ¡justo unas semanas antes de la guerra!- pero la verdad es que no había realmente espacio para la historia en la mente política estadounidense o en la memoria nacional. Por eso Cockburn y Gordon nos hacen tan buen servicio detallando de nuevo la historia. También añaden uno de los aspectos más críticos de la historia: los desesperados esfuerzos de Bill Clinton –sí, el viejo buen “Gran Hombre” de nuestros progresistas modernos- para suprimir la verdad y mantener las criminales sanciones y la deriva hacia la guerra, es demasiado fuerte:

“El estrangulamiento económico de Irak se justificó sobre la base de la supuesta posesión de Saddam de armas nucleares, químicas o biológicas. Año tras año, los inspectores de la ONU peinaron Irak en búsqueda de pruebas de que esas armas existían. Pero después de 1991, el primer año de las inspecciones, cuando se detectó y se destruyó toda la infraestructura del programa de armas nucleares de Irak, junto con los misiles y un amplio arsenal de armas químicas, no se encontró ya nunca jamás nada. Dados los antecedentes de Saddam negando la existencia de su proyecto nuclear (su arsenal químico era bien conocido; lo había utilizado ampliamente en la guerra Irán-Irak, con la aprobación de EEUU), los inspectores tenían algún motivo para sospechar, al menos hasta agosto de 1995. Fue entonces cuando Hussein Kamel, el yerno de Saddam y anterior supervisor de sus programas de armamento, huyó de repente a Jordania donde rindió completos informes a la CIA, el MI6 y la UNSCOM. En aquellas entrevistas, dejó perfectamente claro que en 1991 se había destruido todo el arsenal de armas de destrucción masiva, una confesión que sus interlocutores, incluidos los inspectores de la ONU, tuvieron gran cuidado en ocultar al mundo exterior.

Sin embargo, a principios de 1997, Rolf Ekeus llegó a la conclusión, como me contó muchos años después, de que debía informar al Consejo de Seguridad que Irak no tenía armas de destrucción masiva y, por tanto, había cumplido con las Resoluciones de la ONU salvo en algún punto. Se sentía inclinado a recomendar que se levantaran las sanciones. Al saber de sus intenciones, a la administración Clinton se le pusieron los pelos de punta. El fin de las sanciones expondría a Clinton a los ataques republicanos por permitir que Saddam se fuera de rositas. El problema se resolvió, me explicó Ekeus, consiguiendo que Madeleine Albright, recién instalada como secretaria de estado, declarara en un discurso público el 26 de marzo de 1997 que “no estamos de acuerdo con las naciones que defienden que si Iraq cumple con sus obligaciones en relación con las armas de destrucción masiva, deben levantarse las sanciones’. El previsible resultado fue que Saddam no tuvo más interés en cooperar con los inspectores. Esto provocó una escalada de enfrentamientos entre el equipo de la UNSCOM y los funcionarios de la seguridad iraquí que acabó con la expulsión de los inspectores, con las proclamas de que Saddam “se negaba a desarmarse” y, finalmente, con la guerra.”

Ahí lo tienen. Clinton no quería que se levantaran las sanciones; no quería que se dejaran de arrojar los cuerpos de los niños muertos en el terrible albañal. Como siempre, cuando uno suponía que se había alcanzado un punto de referencia –en este caso, la eliminación de las armas y los programas de armas de destrucción masiva- van y se cambian simplemente las reglas. Vemos esto también respecto a Irán. Obama presentó lo que pretendía ser una gran solución “diplomática” haciendo que Irán enviara su combustible nuclear a Brasil y Turquía para que estos dos países lo procesaran. Este fue desde luego, un mero gesto hueco que perseguía mostrar lo intransigente y poco fiable que Irán realmente es; esos mullahs tan ansiosos de tener armas nucleares rechazarían el acuerdo. Pero cuando Irán llego a ese acuerdo con Brasil y Turquía para hacer exactamente lo que Obama quería que hiciera, fue denunciado de inmediato –por Obama- como… una demostración de cuán intransigente y poco digno de confianza es realmente Irán. Logren un hito y los amos sencillamente cambiarán las reglas. Así es como funciona hasta que consiguen lo que quieren: un cambio de régimen en tierras estratégicas repletas de recursos naturales.

Cockburn señala otro efecto de las sanciones que casi siempre se pasa por alto:

“Dennis Halliday, el coordinador humanitario para Iraq de la ONU que dimitió en 1998 en protesta por lo que llamó régimen ‘genocida’ de sanciones, describió en aquel momento sus efectos más insidiosos sobre la sociedad iraquí. Toda una generación de jóvenes había crecido aislada del mundo exterior. Los comparaba, inquietantemente, con los huérfanos de Afganistán de la guerra con Rusia que más tarde formaron los talibanes. ‘Debería preocuparnos al menos la posibilidad de que se desarrolle de forma más intensa el pensamiento fundamentalista islámico’, advertía Halliday. ‘No se comprende que ésa puede ser una consecuencia posible del régimen de sanciones. Estamos empujando a la gente para que adopte posiciones extremas’. Esa fue la sociedad que los ejércitos de EEUU y el Reino Unido enfrentaron en 2003: empobrecida, extremista e iracunda. Mientras ellos cuentan las víctimas que cada día sufren a causa de las bombas colocadas en los arcenes y los ataques suicidas, Occidente debería pensárselo muy cuidadosamente antes de desplegar una vez más ‘el instrumento perfecto’ del bloqueo.

Pero, por supuesto, como hemos indicado a menudo en estas líneas, eso parece ser exactamente lo que quieren: un suministro constante de extremistas en los que se pueda confiar para mantener avivados los rentables fuegos de la Guerra del Terror: llamas que a su vez alimentan los monstruosos motores de la Maquinaria de Guerra y sus retoños de la Seguridad, ambos devorados desde hace mucho tiempo por los residuos de la república estadounidense y que están ahora sufriendo una metástasis a velocidad vertiginosa, casi más allá de cualquier comprensión humana.

Niños muertos. Miles de niños muertos. La montaña, el albañal se va haciendo cada vez más alto. Y aún sigue la gente dormida…

Fuente: http://www.chris-floyd.com/articles/1-latest-news/1993-invisible-holocaust-iraqi-sanction-criminals-seek-reprise-in-iran.html

LA GEOPOLÍTICA EN LA ITALIA REPUBLICANA

Un país con

soberanía limitada

por Tiberio Graziani *

A pesar de su envidiable posición geográfica y de los caracteres que constituyen su estructura morfológica, en la actualidad, Italia no posee una doctrina geopolítica.

Esto se debe principalmente a los tres siguientes aspectos: a) la afiliación de Italia en la esfera de influencia americana (el así llamado sistema occidental); b) la profunda crisis de la identidad nacional; c) la escasa cultura geopolítica de su clase dirigente.

El primer aspecto, además de limitar la soberanía del Estado italiano en múltiples ámbitos, desde el militar al de la política exterior, tanto para citar algunos de aquellos más relevantes bajo el aspecto geopolítico, condiciona la política y la economía interna, la elección estratégica por lo que concierne el tema de la energía, investigación tecnológica y realización de grandes infraestructuras y, no por último, incluso llega a vincular las políticas nacionales de contraste a la criminalidad organizada. La Italia republicana, por causa de las notorias consecuencias del tratado de paz de 1947 y también en virtud de la ambigüedad ideológica de su dictamen constitucional, según el cual la soberanía pertenecería a una entidad socioeconómica y cultural, por otra parte variable y vagamente homogénea, el pueblo, y no a un sujeto político bien definido como es el Estado (1), ha seguido la regla áurea del “realismo colaboracionista o claudicador”, es decir, el de renunciar a la responsabilidad de dirigir el propio destino (2). Semejante abdicación ubica a Italia en la condición de “subordinación pasiva” y ata sus elecciones estratégicas a “la buena voluntad del Estado subordinador” (3).

El segundo aspecto invalida uno de los factores necesarios para la definición de una doctrina política coherente. La crisis de la identidad italiana se debe a causas complejas que remontan a la fracasada combinación de las varias ideologías nacionales (la de inspiración católica, monárquica, liberal, socialista o laico-masónica) que han apoyado el proceso de unificación de Italia, la edificación del Estado unitario y, luego del paréntesis fascista, la realización del actual orden republicano. Además, la crisis de la identidad nacional se debe también a la mal digerida experiencia fascista y al trauma de la derrota sufrida durante la guerra. La retórica romántica del Estado-Nación, el mito de la Nación y, sucesivamente, los de la Resistencia y de la “liberación”, seguramente no han ofrecido un buen servicio a los intereses de Italia, quien, después de ciento cincuenta años de su unificación, aún está en busca de su propia identidad nacional.

Finalmente, el tercer aspecto que por motivos históricos en parte se puede relacionar a los anteriores, no permite situar la cuestión de las directrices geopolíticas de Italia entre las prioridades de la agenda nacional.

No obstante, una especie de geopolítica – o bien una política exterior esencialmente basada en la colocación geográfica – correspondiente a los intereses nacionales y por lo tanto excéntrica con respecto a las indicaciones estadounidenses, exclusivamente dirigida para asegurarle a Washington la hegemonía en el Mediterráneo, se ha hallado siempre presente en las alternas vicisitudes de la República italiana. En particular, el interés de hombres del gobierno como Moro, Andreotti, Craxi, así como de importantes commis d’État como Mattei, orientado a los países de África del Norte y a los del Cercano y Medio Oriente, si bien limitado a las relaciones “de amistosa vecindad” y de “coprosperidad”, estaba decididamente acorde no sólo con la posición geográfica de Italia en el Mediterráneo, sino que también era funcional sea a una potencial, futura y deseable emancipación de la Italia democrática del amparo norteamericano, sea del papel regional que Roma habría podido ejercer también en el ámbito del rígido sistema bipolar. Tales iniciativas habrían podido constituir la base para definir las líneas estratégicas de lo que el argentino, Marcelo Gullo, ha denominado, en el ámbito del estudio de la construcción del poder de las naciones, “realismo liberacionista” para permitir a Italia transitar desde la “subordinación pasiva” a la “subordinación activa”, un estadio decisivo para conseguir algunos espacios de autonomía en la competición internacional.

El fracaso de la modesta política mediterránea de la Italia republicana hay que atribuirlo, además de las interferencias norteamericanas, también a la naturaleza ocasional con la cual ha sido ejercida y a la actitud contraria y obstativa de los grupos de presión internos más filo americanos y prosionistas. Con la conclusión del bipolarismo y de la así llamada Primera república, las iniciativas arriba expuestas, orientadas a conseguir una aun limitada autonomía de la política exterior italiana, literalmente se han desvanecido.

Actualmente Italia, en calidad de país euromediterráneo subordinado a los intereses americanos, se halla en una situación muy delicada, puesto que además de sufrir, en cuanto miembro de la Unión Europea y de la OTAN, las tensiones entre Usa y Rusia presentes en Europa continental, particularmente en aquella centroriental (véase la cuestión polaca por lo que respecta la “seguridad”, o bien aquella energética), sufre sobre todo las repercusiones de las políticas cercano y mediorientales de Washington. Además, el sometimiento de Italia a los Estados Unidos que – vale la pena corroborarlo- se expresa a través de un evidente límite de la soberanía del Estado italiano, exalta los caracteres de fragilidad típicos de las áreas peninsulares (tensión entre la parte continental, aun limitada por lo que concierne Italia y aquella más específicamente peninsular e insular), aumenta los empujes centrífugos, hasta hacer dificultosa la gestión de la normal administración del Estado.

Ocupada militarmente por los Estados Unidos, - en el ámbito de la “alianza” atlántica- con más de cien bases (4), desprovista de recursos energéticos adecuados, económicamente frágil y socialmente instable por la continua erosión del ya agonizante “estado social”, Italia no posee niveles de libertad tales que le permitan valorizar su potencial geopolítico y geoestratégico en sus naturales directrices representadas por el Mediterráneo y por el área adriática-balcánica-danubiana, sino en el contexto de las estrategias de allende el atlántico con exclusivo beneficio para los intereses extranacionales y extracontinentales.

Las oportunidades que posee Italia para alcanzar un propio rol geopolítico resultan ser, por lo tanto, externas a la voluntad de Roma; éstas radican en la recaída que la actual evolución del escenario mundial – a esta altura multipolar- produce en la cuenca mediterránea y en el área continental europea. De hecho, los grandes trastornos geopolíticos en acto, principalmente determinados por Rusia podrían exaltar la función estratégica de Italia en el Mediterráneo precisamente en el ámbito del orden y de la consolidación del nuevo sistema multipolar y de la potencial integración eurasiática.

De hecho, hay que tener presente que la estructuración de este nuevo sistema geopolítico multipolar pasa, por obvias razones, a través del proceso de desarticulación o de reorganización de aquel de tipo “occidental” bajo control norteamericano, a partir de sus periferias. Estas últimas están compuestas, considerando la masa euroafroasiática, por la península europea, por la cuenca mediterránea y por el arco insular japonés.

Rusia y Turquía: los dos polos geopolíticos

Las recientes transformaciones del cuadro geopolítico global han producido algunos factores que podrían facilitar la “desvinculación” de gran parte de los países que constituyen el llamado sistema occidental bajo tutela del “amigo americano”. Esto, potencialmente pondría a Roma en la posición de activar una propia doctrina geopolítica en coherencia con el nuevo contexto mundial.

Es notorio que la reafirmación de Rusia a nivel mundial y el protagonismo de China y de India han provocado un reajuste de las relaciones entre las mayores potencias y ha sentado las premisas para la constitución de un nuevo orden que excluye las relaciones de fuerza de carácter militar, y que se basa en unidades geopolíticas continentales de interés estratégico. Tales cambios también se registran en la parte meridional del hemisferio oriental, el que fue el patio trasero de los EE.UU., donde las relaciones de Brasil, Argentina y Venezuela con las potencias eurasiáticas arriba mencionadas han aportado nuevo impulso a las hipótesis de la unidad continental suramericana. Por lo que concierne el área mediterránea, el principal de estos nuevos factores geopolíticos está representado por la inversión de tendencia fijada por Ankara en sus últimas políticas cercano y mediorientales. La ruptura con Washington y Tel Aviv de parte de Ankara podría asumir, a corto plazo, un alcance geopolítico de largo alcance con el fin de constituir un espacio geopolítico eurasiático integrado, puesto que representa un primer acto concreto a través del cual se hace posible desencadenar el proceso de desarticulación (o de limitación) del sistema occidental a partir de la cuenca mediterránea.

Dadas las condiciones actuales, los polos geopolíticos - acerca de los cuales una Italia realmente intencionada a emanciparse de la tutela norteamericana debería hacer hincapié- están representados precisamente por Turquía y Rusia. Un alineamiento de Roma a las indicaciones turcas sobre el tema de política cercano oriental dotaría a Italia del necesario prestigio, pesadamente obcecado por sus avasalladoras relaciones con Washington, para imprimir un sentido geopolítico a la fatigada política de cooperación que desde hace años la Farnesina mantiene con el margen sur del Mediterráneo y el Cercano Oriente. Además, la pondría junto (y gracias a ello) al aliado turco, en la situación, si bien no de denuncia del pacto atlántico, por lo menos en aquella necesaria de renegociar el oneroso y humillante empeño en el seno de la Alianza, y, simultáneamente, para plantear la reconversión de las bases militares controladas por la OTAN en bases útiles para la seguridad del Mediterráneo. Italia y Turquía, junto a los demás países costeños del Mediterráneo, podrían en ese caso realizar un sistema de defensa integrado siguiendo el ejemplo de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC).

Para ejercer esta “exit strategy” del vínculo americano, sintéticamente esbozada en los párrafos anteriores, Roma encontraría un apoyo valedero, además de parte de Ankara, también de Trípoli, Damasco y Teherán y, lógicamente, de Moscú. Por otra parte esta última apoyaría con certeza a Roma en su salida de la órbita norteamericana, favoreciendo su natural proyección geopolítica en la directriz adriática-balcánica-danubiana en el marco, obviamente, de una alianza italo-turco-rusa edificada bajo intereses comunes en el así llamado Mediterráneo alargado (es decir, constituido por los mares Mediterráneo, Negro y Caspio).

* Eurasia. Rivista di Studi Geopolitici

direzione@eurasia-rivista.org

www.eurasia-rivista.org

Notas

1. Por lo que concierne el estudio de la génesis del primer artículo de la Constitución y, en particular, el segundo apartado (La soberanía pertenece al pueblo, quien la ejerce en las formas y en los límites de la Constitución), y además por la falta de un artículo específico de la Constitución dedicado al Estado y a la soberanía, como lo deseaba Dossetti, véase Maurizio Fioravanti, Constitución y pueblo soberano, Il Mulino, Bologna, 2004, p.11 y pp. 91-98.

2. Marcelo Gullo, La insubordinación fundante, Editorial Biblos, Buenos aires, 2008, pp. 26-27.

3. Marcelo Gullo, ibid.

4. Fabrizio Di Ernesto, Portaerei Italia. Sessant’anni di Nato nel nostro Paese, Fuoco Edizioni, Roma, 2009.

(Trad. di V. Paglione)

La Guerra

La Guerra de Mr. Obama

El mayor teórico clásico de la guerra Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz pensaba que la guerra moderna es un "acto político", y esta manifestación ponía en juego lo que él consideraba el único elemento racional de la guerra. En su concepción, los otros dos elementos de la guerra son: a) el odio, la enemistad y la violencia primitiva, y b) el juego del azar y las probabilidades. "El primero de estos tres aspectos -escribió- interesa especialmente al pueblo; el segundo, al comandante en jefe y a su ejército, y el tercero, solamente al gobierno. Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella; el alcance que lograrán el juego del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerá del carácter del comandante en jefe y del ejército; los objetivos políticos, sin embargo, incumbirán solamente al gobierno."

Esta descripción de la “guerra moderna”, vigente y todo un clásico para cualquiera que se dedica al estudio de la Geoestrategia y la Geopolítica o cursante de estado mayor de cualquier ejercito del mundo.

¿Nos lleva a preguntarnos? están siendo considerados esos conceptos por la nueva administración demócrata que dirige el Presidente Barak Obama, a la luz de los resultados que se conocen día a día de la “Guerra de Obama o Guerra de Afganistán”. Cada presidente de EE.UU. desde Franklin Delano Roosevelt para aquí a tenido “su guerra”, salvo la II Guerra Mundial (donde salio victoriosa sobre el fascismo europeo y el imperialismo japonés), los resultados de las otras intervenciones pueden exhibir escasa victorias: Corea, China, Cuba, Laos, Vietnam, Camboya, Líbano, Irak, Afganistán (fueron derrotas o empate que es lo mismo que una derrota) o apoyando a golpes o movimientos terroristas en: Irán, Pakistán, Nicaragua, Republica Dominicana, Chile, Grecia y por doquier, solo puede exhibir éxito totales en la invasión de Granada y Panamá.

Hace pocos días conocíamos del despido del general David McChrystal, luego de unas “declaraciones” donde ponía en duda la capacidad y los objetivos militares de USA en la persona de su comandante en jefe para ganar en el conflicto Afgano, que recordemos, cumplirá 10 años, guerra iniciada para desplazar al Talibán, luego del 11S, grupo este, que nuevamente se ha reorganizado y sus fuerzas campean por todo el país y que ha llevado a la concreción de actos que lo podríamos considerar cómicos sino fuera por la tragedia que allí se esta desarrollando, cuando las fuerzas de la OTAN pagan “peaje” para no ser atacadas, recientemente se descubrió por una investigación del Senado de USA que las empresas que brindan “servicios logísticos” con tropas mercenarias como es el caso de la firma Xe Services (ex Blacwater), paga “peaje” a los talibanes para que no las ataquen (lo cual significa que el propio gobiernos estadounidense “subvenciona”a los Talibanes indirectamente), a ello debemos destacar el descomunal desarrollo de la producción de Heroína que denuncian las agencia de lucha contra las drogas, pues Afganistán se transformo en el país proveedor del 92% de la producción mundial de ese estupefaciente basado en la amapola y que esta producción se disparo geométricamente bajo la ocupación de USA y la OTAN.

Hoy nuevas informaciones “clasificadas”, difundidas por el sitio Wikileaks y publicados en los diarios The Guardian (Reino Unido) y The New York Times (EE.UU.), y la revista Der Spiegel (Alemania), que revelan cómo las tropas mataron a cientos de civiles en incidentes que nunca fueron informados o cómo los ataques de los talibanes minaron a las fuerzas de la OTAN y dieron espacio a la insurgencia en los países vecinos de Pakistán o de Irán. También “The Guardian” indicó que estos archivos revelan cómo «una unidad secreta de fuerzas especiales traza a los líderes talibanes para matarlos o capturarlos sin juicio». El diario británico también se refirió a las cifras de civiles afganos muertos y apunta que los registros filtrados indican 144 incidentes de ese tipo. «Algunas de estas bajas se deben a los ataques aéreos que suscitaron protestas del Gobierno afgano en el pasado, pero un gran número de incidentes hasta ahora desconocidos parece ser el resultado de soldados que abren fuego contra conductores desarmados o motociclistas, a causa de su determinación a protegerse de terroristas suicidas», apuntó.

La prensa informaba de que la tasa de suicidios de militares estadounidenses es de un suicido por día fundamentalmente entre los veteranos de los conflictos de Irak y Afganistán.

Volviendo a von Clausewitz, este concebía la guerra como una empresa política de alto vuelo, sin desconocer la sangre y la brutalidad que implica. Por eso, consideraba que todos los recursos de una nación deben ponerse al servicio de la guerra cuando se decide su ejecución. Y pensaba que la guerra, una vez iniciada, no debe detenerse hasta desarmar y abatir al enemigo. Su definición de la guerra es: "Constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad". ¿Es este el objetivo de la administración Obama? o ¿la guerra sigue siendo un gran negocio y es allí donde está la respuesta a la pregunta?, ya que una parte considerable de las contribuciones fiscales de EE.UU., van a parar a las arcas insaciables del llamado “complejo militar-industrial”, que hoy representa el 50% del gasto en materia de defensa global, es decir a alimentar esa maquinaria bélica que termina siendo un objetivo en sí misma.

A la luz de los resultados y las informaciones que surgen a pesar de la censura y la colaboración de los grandes medios para apoyar estas aventuras, se hace cada día más evidente que el objetivo para EE.UU.: No es ganar guerras sino el medio de un gran negocio.-

Lic. Carlos Pereyra Mele

Julio de 2010

Fondo para la Cultura Estratégica - Rusia

Conflicto Colombiano Venezolano - Columbian Venezuelan conflict

“El talón de hierro”

El título de la gran novela de Jack London cobra cada vez más actualidad en un presente signado por la negación norteamericana a admitir un límite a su fuerza y seguir avanzando en procura del control global…

…Es en esta óptica que conviene mirar la ruptura entre Colombia y Venezuela y los actuales avatares de la política latinoamericana.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Medio Oriente; circulan rumores acerca de que Arabia Saudita consentiría el paso de aviones israelíes sobre su territorio si estos van a bombardear a Irán; los miembros permanentes del Consejo de Seguridad estrechan filas y coinciden en reforzar las sanciones contra este último país y Henry Kissinger desaconseja seguir la orientación declamada por el presidente Obama en el sentido de retirar las tropas norteamericanas de Afganistán en el plazo de doce meses. Plantear tal cosa implica, para el ex Secretario de Estado, montar un mecanismo para el fracaso, ya que para que se cumplan los objetivos de la alianza occidental en ese lugar el público debe estar preparado para librar una larga lucha.(1) Palabras más palabras menos, lo mismo que la “guerra infinita” preconizada por George W. Bush. En definitiva, de lo que se trata es de crear un contexto “previsible” en una situación crisis generalizada del sistema capitalista, contexto que atienda al control de las fuentes de energía y al posicionamiento militar agresivo contra las potencias que podrían convertirse en factores capaces de contrabalancear el poderío bélico y el control de los mercados de parte de Occidente: Rusia y, principalmente, China.

Son datos inquietantes y que hablan de la inestabilidad siempre creciente de un mundo recorrido por los vientos de la crisis económica y por el dinamismo militar estadounidense. Las catástrofes que este curso pronostica para el futuro no parecen revestir importancia para los planificadores y economistas del sistema, preocupados en mantener el estatus quo aunque para hacerlo tengan que seguir apretando los torniquetes a una situación ya henchida de vapores explosivos.

En este contexto sombrío se ha venido a insertar otro elemento que nos toca de cerca porque refuerza la evidencia de que Estados Unidos ha vuelto a pasar a la ofensiva en Centro y Suramérica. La autorización que el Congreso y el gobierno de Costa Rica han dado a Washington para usar el territorio nacional como espacio abierto para un despliegue sustancial de fuerza estadounidense, es un dato más que habla de la decisión del Pentágono en el sentido de ir consolidando su posición en el istmo centroamericano y zonas aledañas. Lo que implica que la Unión entiende volver a vigilar activamente la situación en la porción sur del hemisferio occidental. En los últimos tiempos había dejado un poco de lado esta tesitura, en razón de sus compromisos en otras partes, pero ahora los movimientos de centro izquierda que irrumpieron en el subcontinente durante esta pausa pueden empezar a experimentar aun más dificultades que las que enfrentaron en el pasado. Ni el Departamento de Estado, ni el Pentágono ni la CIA nunca deglutieron bien a estos gobiernos, aunque hayan contemporizado por un tiempo con ellos. Y es sabido que en la Casa Blanca siempre se ha prestado gran atención a los consejos que salen de las sedes de la diplomacia, la inteligencia y el poder militar. Ahora se tiene la sensación de que para Washington ha llegado el momento de empezar a poner las cosas en su lugar en esta parte del mundo, con especial énfasis en el Caribe. Porque si lo que se prepara en el Medio Oriente finalmente se verifica y eventualmente crece hasta convertirse en una conflagración mayor, será conveniente para Washington contar con una retaguardia apaciguada. O por lo menos en condiciones de ser inducida a la obediencia por la amenaza o la aplicación de la fuerza militar.

No es que aquí vayan a estallar insurrecciones de carácter multitudinario ni se vaya a reavivar la vieja y nefasta teoría del foco. Pero algunos de los sectores más duros el establishment político-militar norteamericano prefieren la subordinación automática a las pretensiones de dialogar de estado soberano a estado soberano. Ya se ha visto muy mal en Washington –Hillary Clinton dixit- la atrevida y brillante movida de Lula en el sentido de aunarse con Turquía para salir de mediador en el conflicto con Irán. Esto, incluso, según algunos analistas, podría estar incentivando a las corrientes que quieren resolver ya el problema del Medio Oriente en los términos que convienen a Washington y Tel Aviv. Propinar un escarmiento ejemplar, bombardear a los “persas” hasta retrotraerlos a los tiempos de Darío el Grande, podría ser una forma de conseguirlo. Tal y como ocurriera en Irak.

Pero, volviendo al tema que nos ocupa y que no es otro que el de esta sufrida porción del mundo, la pesada mano del Imperio se está haciendo sentir. La reactivación de la IV Flota, el golpe en Honduras y su sanción “constitucional” a través de unos comicios en los cuales una de las partes hubo de faltar a la cita; las siete o más bases estadounidenses aposentadas en la Colombia de Uribe, las movidas contra Chávez -que el jueves terminaron con una ruptura esperemos que provisoria con este país-, y la zona franca que Costa Rica ha cedido a la Armada y el Ejército de los Estados Unidos, son síntomas más que elocuentes. En este último caso, según informa Atilio Borón, decenas de buques de guerra, con su dotación de aviones y helicópteros, más unos 7.000 marines, pueden a partir de ahora amarrar o transitar con entera libertad por ese país latinoamericano, con la tranquilidad extra que supone la aceptación por Costa Rica del derecho de extraterritorialidad en materia de jurisdicción judicial de que gozarán los “huéspedes” norteamericanos.

La razón invocada para este como para anteriores despliegues de fuerza es combatir a los cárteles del narcotráfico. Pretexto ridículo si los hay, pues no hacen falta ni portaaviones ni tanques ni miles de soldados para realizar un trabajo del que se pueden encargar los grupos de tareas especiales. El objetivo –todos lo sabemos- no es otro que militarizar la región latinoamericana para asegurarse un control sin fisuras de esta. Ya América latina está segmentada entre países con gobiernos provistos de pretensiones integradoras que apuntan a una autonomía regional, como Argentina, Brasil y Venezuela, y otros como Colombia, Perú, Panamá, Chile, México, Honduras y Costa Rica, que reafirman el vínculo con Estados Unidos. De esta superpotencia sólo se puede esperar que influya en mayor o menor grado, según sean las circunstancias, para que el continente gravite hacia el segundo de los sectores citados.

Hagamos las cuentas con este panorama y preparémonos, mental y prácticamente, a resistir sus inclemencias. Que durarán, seguramente, más de un invierno.

1) Entrevista publicada por el Financial Times, el 28/06/10.

Sitio Perspectivas de Enrique Lacolla

Bolivia, Ecuador y el Indigenismo - Bolivia, Ecuador and the indigenous

Bolivia-Ecuador

El Estado contra

los pueblos indios

por Raúl Zibechi

mariategui.blogspot.com

“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE)[1]. Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”[2].

Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”[3].

Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, Andres Soliz Rada,fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].

La marcha indígena en Bolivia

El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.

Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.

En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].

La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.

La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”[10].

Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].

Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].

Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país[13]

La CONAIE contra Correa

El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.

Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20 aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.

Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.

En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”. Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.

Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.

Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”[17].

El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.

Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos.

Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado “desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina “Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].

El Estado Plurinacional en cuestión

Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.

La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”.

Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.

El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas.

En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.

Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente, estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].

Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa, que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay una suerte de contrarrevolución legal”.

El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”. Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.

Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar “arriba” y en el centro.

La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores, sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.

El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.

Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org )

Recursos

Alberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.

“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.

María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de julio de 2010.

Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.

Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”, Bolpress, 7 de julio de 23010.

Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.

[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio de 2010.

[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.

[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos, sirionós, y matacos entre otros.

[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.

[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.

[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.

[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

[10] Idem y agencias.

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.

[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las Américas, 19 de octubre de 2009.

[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio, www.redci.org

[16] Idem.

[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”, CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.

[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.

[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo

[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010