Detalles de la oferta de Londres en 1974 que vuelve a discutirse

Perón había aprobado un condominio en Malvinas

La referencia en este diario en la edición del 22 de septiembre pasado a la exposición de Carlos Ortiz de Rozas, exembajador, en el Instituto del Servicio Exterior, acerca de una oferta de Gran Bretaña a la Argentina en 1974 para establecer un condominio sobre las islas Malvinas despertó un debate en círculos políticos y diplomáticos sobre si es posible que se reflote la iniciativa que aprobó un mes antes de morir Juan Perón. La presunción de que pueda ser hoy una fórmula surge del hecho de que Gran Bretaña padece hoy una severa crisis política y sufre los efectos del torbellino financiero de Europa. Del lado argentino, la amenaza del Gobierno de revisar los acuerdos que autorizan desde 1999 los vuelos entre Punta Arenas y Puerto Argentino con una escala en Río Gallegos si Gran Bretaña no se sienta a negociar la soberanía, pone en serios aprietos las comunicaciones entre Londres y las islas usurpadas. Se trata de una de las advertencias más duras que ha hecho el país en los últimos años y va más allá de lo declarativo. El Gobierno que espera la reelección de Cristina de Kirchner entiende que si esto ocurre, hay cuatro años para lograr algo en Malvinas para hacer la diferencia con Gobiernos anteriores y poner la puja en otro nivel. Los detalles de esa oferta están contenidos en una charla que ofreció el embajador el 21 de junio de 2006 como discurso de asunción a la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Esa charla era una crítica al libro «The Oficial History of the Falklands Campaign», escrito por el historiador inglés Lawrence Freedman. Una de las observaciones de Ortiz de Rozas a esa versión de la Guerra de Malvinas es que el autor no incluye de manera completa la historia de esa oferta que pudo cambiar el rumbo de la historia. Por el interés del asunto, brindamos de manera textual los párrafos en los cuales Ortiz de Rozas reseña los hechos.

«Las manifestaciones de los diplomáticos británicos no merecen el más mínimo espacio en la Historia Oficial a pesar de que tuvieron un desenlace positivo como fue el llamado Acuerdo para las Comunicaciones suscripto el 1 de julio de 1971. A raíz de ese convenio fueron establecidas comunicaciones permanentes entre las Malvinas y el territorio continental argentino; el pasaporte fue sustituido por un documento que emitían por igual las autoridades argentinas e inglesas; la Fuerza Aérea construyó una pista de aterrizaje; Líneas Aéreas del Estado (LADE) operaba un servicio de dos vuelos semanales; YPF se radicó en las islas abasteciendo combustible; en fin, se proporcionó asistencia médica a los isleños en el Hospital Británico de Buenos Aires y chicos malvinenses pudieron estudiar becados en los buenos colegios de habla inglesa. En síntesis, paulatinamente las islas pasaron a depender en gran medida de nuestro país, lo cual era un avance para la consecución de los objetivos argentinos.

Freedman incurre en un contrasentido al sopesar los resultados de este Acuerdo. En la página 23 del Tomo 1° se lee «los crecientes contactos entre las islas y el continente produjeron más irritación que amistad», pero en la página 31 afirma que «las actitudes en las Falklands hacia el vecino estaban cambiando. Parece que la gente joven miraba a la Argentina en búsqueda de suministros y recreación. Los argentinos habían tenido inesperado éxito en ganar la amistad de los isleños». ¿En qué quedamos? Lo cierto es que en tres años, cerca de 1.600 personas viajaron desde y hacia las Malvinas sin el menor inconveniente. Lo que no es poco decir si se tiene en cuenta que equivalía casi a la población total de las islas. No hay que aguzar la imaginación para deducir que como corolario del mejor clima político logrado con el citado Acuerdo, Gran Bretaña diera un paso muy significativo.

El 11 de junio de 1974, la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, actuando por instrucciones de su Gobierno, le presentó un «bout de papier» al entonces canciller argentino, señor Alberto Vignes, en el que proponía comenzar a discutir las salvaguardias y garantías que se otorgarían a los isleños en la eventualidad de un condominio sobre las islas Malvinas. La finalidad era resolver la disputa sobre la base de una soberanía compartida con la Argentina con la conclusión de un tratado que permitiese que los isleños se desarrollasen conforme a sus intereses. Durante la vigencia del tratado, figurarían los siguientes elementos básicos: las banderas de ambos países flamearían una al lado de la otra y los idiomas oficiales serían el inglés y el castellano; los nativos de las islas tendrían la doble nacionalidad; los pasaportes de la colonia serían reemplazados por documentos de viaje emitidos por los condóminos; la constitución, administración y el sistema legal serían adaptados a las necesidades del condominio; y por último, el gobernador sería designado alternativamente por la reina y el presidente de la Argentina. La nota agregaba que los Consejos Ejecutivo y Legislativo no tenían inconveniente en que se examinaran con el Gobierno argentino todo lo referente a las mencionadas salvaguardias y garantías para el condominio. Es decir, los isleños, a través de esos órganos, prestaban su conformidad.

Aquí debo recurrir nuevamente a mi experiencia personal. Cuando me desempeñaba como embajador ante las Naciones Unidas, el ministro Vignes me entregó una copia de la propuesta británica asegurando que el presidente Perón le había expresado: «Es muy conveniente. Hay que aceptarla. Una vez que pongamos pie en las Malvinas no nos saca nadie y tiempo después tendremos la soberanía plena». Pero la fatalidad se interpuso. Pocos días más tarde fallecía el General Perón y su viuda, que lo sucedió en la presidencia, no creyó tener el poder suficiente para convencer a la opinión pública de que se debía aceptar dicho ofrecimiento. Ante esa circunstancia, el Gobierno británico decidió retirarlo.

Con el condominio -acota Freedman- Londres estaba dispuesto a reconocerle a la Argentina, al menos parcialmente, derechos de soberanía. Dato ilustrativo: el temor en Londres era que la Argentina no estuviese madura para aceptar algo que no implicase la soberanía total. Empero, elude toda referencia a la proposición hecha por la representación diplomática en Buenos Aires.

Simplemente anota que con el transcurso del tiempo y la accesión del laborismo al Gobierno se fue desvaneciendo la idea del condominio. Con la intención de hallar un compromiso aceptable para ambas partes, el Foreign Office siguió elaborando otras pautas. La preferida apuntaba a un arrendamiento de largo plazo mediante un tratado que cedería la soberanía a la Argentina, pero que virtualmente retendría todas las condiciones prevalecientes en la isla. El proyecto original contemplaba un alquiler mínimo de 25 años pero pronto fue estirado a 99 años. Así y todo, ese planteamiento no prosperó.

Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=604293