Por la escandalosa estatización de la deuda privada durante la dictadura
Por Néstor Espósito
[Esta acción es un cambio Copernicano del accionar de la Justicia Argentina sobre el tema de la Deuda Externa Argentina y sus responsables. Que por supuesto tuvo muy poca difusión en los medios masivos de comunicación dado los intereses que se afectaran del sistema que se estableció en argentina a partir de 1976.- CPM]
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal Ricardo Delgado para que se active la causa. En 1982, el cordobés fue el presidente del Banco Central que autorizó el traslado de los pasivos de 8562 empresas al Estado.
Un juez federal y un fiscal invitaron a la Procuración del Tesoro a “asumir la representación del Estado Nacional en el proceso judicial” por la estatización de la deuda externa privada argentina en 1982, cuando la más sangrienta dictadura agonizaba y el entonces presidente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo y las autoridades económicas del régimen decidieron transferir a las arcas públicas unos 17 mil millones de dólares de pasivos de empresas privadas, contraídos de manera presuntamente espuria.
El convite a la Procuración del Tesoro apunta a que “eventualmente promueva las acciones por daños y perjuicios correspondientes”. En otras palabras: que quienes permitieron que la deuda trepara exponencialmente a unos 43 mil millones de dólares en 1982 respondan con sus patrimonios por esa guillotina que dejaron pendiendo sobre la cabeza de los argentinos.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, como continuador de una causa en la que su antecesor, el hoy camarista Jorge Ballestero, desnudó la ilegitimidad de la deuda, aceptó un pedido del fiscal Federico Delgado para enviarle a la procuradora Angelina Abbona los antecedentes del caso, para que “evalúe si los hechos justifican el inicio de acciones de reparación en representación del Estado Nacional por daños y perjuicios contra las empresas involucradas y funcionarios públicos que implementaron las políticas en cuestión”. Cavallo encabeza la lista de funcionarios; mientras que, entre las empresas, aparecen Cargill, Pérez Companc y Renault.
El dictamen del fiscal Delgado es una prieta síntesis de la vergonzante historia económica argentina entre 1976 y 1983. Parte de la base de que no será fácil recuperar el dinero, ni que paguen por lo que hicieron los responsables de esa transferencia de deuda que aún sigue impactando en la vida de cada argentino: “Es que la investigación contiene una significancia y un simbolismo que trascienden los intereses particulares a los que estamos acostumbrados a tratar en el ámbito penal”, explicó.
Lo que se investiga es que “en septiembre de 1982 se puso en marcha la estatización de la deuda privada mediante la comunicación A 251 del Banco Central de la República Argentina transformando los 17.0000 millones en deuda pública”.
El trabajo detectó 8562 deudores que licuaron sus pasivos en los bolsillos del Estado, en tres segmentos, según el monto de la deuda. Un primer grupo de 19 compañías representó el 37% del total, unos 6400 millones de dólares; el segundo abarcó 495 empresas, con endeudamiento por 7500 millones, el 43% del total; y un tercer grupo de 8048 compañías acumuló deuda por 3250 millones.
“Las empresas privadas se endeudaron sabiendo que el Estado argentino saldría a respaldarlas y se haría cargo, de alguna manera, de los millonarios montos de sus deudas. Y así se hizo mediante la estatización de la deuda privada”, disparó Delgado y asintió el juez.
Cinco modalidades de endeudamiento fraudulento detectó el dictamen: mediante ingeniería financiera, “el Estado y la empresa compartieron el total de la deuda”; “autopréstamos”, mediante los cuales las empresas “para obtener o renovar un préstamo en el exterior debían realizar un depósito a plazo fijo en el mismo banco acreedor” y esa deuda luego le quedaba al Estado; “préstamos relacionados a proyectos de inversión no efectuados, también garantizados por los seguros de cambio”; “aportes de capital disfrazados como préstamos financieros garantizados por los seguros de cambio” (modalidad que escogieron las petroleras) y “sobrefacturación y abultamiento de deuda”. “A criterio de la fiscalía, los hechos que conforman la plataforma fáctica darían origen a esta acción (de reparación), por cuanto causaron y siguen causando daño”, señaló Delgado.
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